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  11 de mayo de 2017
Catriel;Acto y Marcha en repudio al 2 x 1
La Municipalidad de Catriel adhiere al reclamo social por la decisión de la Suprema Corte, que otorga el 2×1 a acusados por delitos de “lesa humanidad”.

Acto y Marcha en repudio al 2 x 1

La Municipalidad de Catriel adhiere al reclamo social por la decisión de la Suprema Corte, que otorga el 2×1 a acusados por delitos de “lesa humanidad”.

De la misma manera comparte lo actuado desde la Legislatura Municipal, en donde todo los bloques participaron y se expresaron en repudio a la medida.

Representantes políticos y ciudadanos de Catriel participaron la tarde de ayer, expresando su repudio a la decisión de la Suprema Corte, de la marcha en tal sentido que se desarrolló, en simultáneo con todo el país, en Plaza San Martín y en las arterias principales de nuestra ciudad.

CATRIEL, 09 de Mayo de 2.017

VISTO; el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de Luis Muiña - Expediente "BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”; y
CONSIDERANDO:

Que la Corte Suprema de Justicia por decisión de la mayoría, declaró aplicable la Ley 24.390 –conocida como 2×1–, que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001 y hoy está derogada, la cual reduce el cómputo de la prisión, y de esta forma aplica la ley penal más benigna para los casos de terrorismo de Estado;

Que los jueces Highton, Rosenkrantz y Rosatti votaron por la afirmativa, mientras que en disidencia votaron los jueces Lorenzetti y Maqueda, quienes señalan que esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad;

Que en disidencia los jueces Lorenzetti y Maqueda plantearon “que no se ha dado ningún cambio en la valoración de los delitos de lesa humanidad. Por el contrario, existe una consistencia en la definición, calificación y persecución de este tipo de delitos que se ha mantenido en diversos precedentes, no sólo de esta Corte Suprema, sino de todo el Poder Judicial. Más aún, puede decirse, como se lo ha señalado en diversos pronunciamientos institucionales de esta Corte como cabeza del Poder Judicial, que se trata de una política de Estado, afirmada por los tres poderes, en diversas épocas, de modo que constituye parte del contrato social de los argentinos”;

Que por esta razón es necesario calificar este caso, en primer lugar, como un aspecto de los delitos de lesa humanidad, tipificados por esta Corte (Fallos 328:2056). Respecto de esta categoría este Tribunal ha señalado que no hay posibilidad de amnistía ((Fallos 328:2056), ni de indulto (Fallos: 330:3248), ni se aplica a ellos el instituto de la prescripción (Arancibia Clavel), y que la persecución forma parte de los objetivos de la legislación internacional (Fallos: 330: 3248);

Que por lo tanto, la ejecución de la pena, es claramente, parte del concepto normativo antes descripto, y una interpretación de la ley no puede llevar a una frustración de la finalidad persecutoria en este campo;

Que el principio de la ley penal más benigna tiene rango constitucional, y requiere la evaluación de si la ley posterior al hecho es la expresión de un cambio en la valoración de la clase de delito correspondiente a los hechos de la causa, lo que no ha ocurrido en el caso;

Que sin perjuicio de respetar las decisiones que el máximo Tribunal dicta, esto no implica que no podamos expresar nuestro repudio a los fallos que no compartimos, como es el caso de referencia;

Que con este fallo el máximo Tribunal se aparta del derecho internacional, lo que conlleva a un impacto negativo en materia de derechos humanos;

Que asimismo este fallo pone en igualdad de condiciones a los delitos cometidos por particulares y a los delitos de lesa humanidad cometidos por el estado, aplicándole la reducción de la pena a estos últimos;

Que el Estado a través de la acción de sus tres poderes debe crear y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de los derechos humanos y máxime cuando se trata de remediar los atropellos que el mismo Estado ha cometido en otras épocas mediante hechos configurativos de terrorismo de Estado;

Que al respecto, se indica que “en este caso, el Estado tiene la obligación de reparar los daños derivados de su actividad ilícita anterior” y que “los Derechos Humanos no son solo privativos de los individuos, son también propios de las sociedades humanas, son derechos colectivos”;

Que las conductas desplegadas durante el gobierno militar, de tortura, represión, muerte, avasallamiento y violación a los derechos humanos, no deben ser olvidadas por un Estado que tiene responsabilidad pero fundamentalmente la protección del Pueblo;

Que en estos últimos años el testimonio y la lucha continua de ex presos políticos, familiares, asociación de madres y abuelas y la agrupación H.I.J.O.S, han permitido desarrollar numerosas causas contra los represores;

Que algunas madres y abuelas todavía buscan a sus nietos robados por la dictadura, y siguen luchando hasta su último respiro por encontrarlos; asimismo hay muchas personas a quienes les robaron su identidad y aún lo ignoran;

Que como sociedad no debemos olvidar ni minimizar lo ocurrido,

Que el terrorismo de Estado nunca más debe volver a ocurrir, por eso es que reiteramos, “No se puede tratar a estos represores como simples delincuentes, porque su delito fue de lesa humanidad;

Que los delitos de lesa humanidad no prescriben, y este fallo amenaza la memoria de los 30.000 desaparecidos y la historia de nuestro Pueblo;

Que todas estas apreciaciones surgen de los Proyectos Nº 003/17 autoría del Bloque de Legisladores del Mo.V.I.C. y Nº 004/17 correspondiente al Bloque de Legisladores del FpV, ingresados en la fecha, que fijan una clara postura respecto de la temática desarrollada;

Que analizadas las propuestas y conscientes de la importancia y oportunidad de expedirse al respecto, la Comisión de Labor Parlamentaria aprueba el dictado de la presente;

Por ello,

LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CATRIEL
En ejercicio de sus facultades
COMUNICA:

Artículo 1°: La preocupación de esta Legislatura Municipal y el más profundo repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de Luis Muiña – Expte “BIGNONE, Benito y Otro s/recurso extraordinario”.-

Artículo 2°: Remitir esta declaración a los Poderes del Estado Provincial y del Estado Nacional.-

Artículo 3°: REGISTRAR; remitir al Poder Ejecutivo Municipal, difundir, cumplir y archivar.-



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